TIC,s en la Administración de Justicia. Archivo electrónico apoderamientos

El pasado 1 de enero ha entrado en vigor el nuevo artículo 32 bis (Archivos electrónicos de apoderamientos apud acta) de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, introducido por la Ley 42/2015, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De acuerdo con este artículo, en las oficinas judiciales se dispondrá con funciones de registro, de un archivo electrónico de apoderamientos en el que deberán inscribirse los apoderamientos apud acta otorgados presencial o electrónicamente por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento judicial a favor de representante, para actuar en su nombre ante la Administración de Justicia.

Estos archivos electrónicos deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se registren en sus correspondientes archivos.

Si bien hemos de tener en cuenta que la existencia de estos archivos  “generales” no impedirá la existencia de archivos electrónicos de apoderamientos apud acta en cada oficina judicial para la realización de los trámites específicos ante la misma.

Los apoderamientos apud acta que se inscriban en los archivos electrónicos de apoderamientos apud acta deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías:

  • a) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier actuación judicial.
  • b) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente en determinadas clases de procedimientos.
  • c) Un poder especial para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en un procedimiento concreto.

Los apoderamientos inscritos tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al apoderamiento tendrán una validez determinada máxima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.



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